37 de cada 100 personas en prisión en México siguen encarceladas sin haber sido condenadas; la reforma al artículo 19 constitucional incrementaría esta cifra y podría derivar en abusos de poder.
• Esta reforma propone dictar prisión preventiva a personas involucradas en un delito hasta demostrar su inocencia, afectando a quienes, por sus condiciones de vida, les será más difícil su defensa.
• ”Si no estamos de acuerdo con las sentencias que determinan que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, entonces lo coherente sería que el Estado mexicano se retire de los tratados internacionales”.
Hermosillo, Sonora; 28 de noviembre de 2024.- Los diputados Emeterio Ochoa Bazúa e Iris Sánchez Chiu, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresaron su firme oposición a la minuta de reforma constitucional que busca modificar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución en materia de prisión preventiva oficiosa.
En un pronunciamiento conjunto, los legisladores señalaron que la reforma que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, transgrede principios esenciales de los derechos humanos y la presunción de inocencia, fundamentales en el sistema de justicia mexicano y subrayaron que esta medida no debe ser una práctica generalizada, sino una decisión individualizada y justificada por una autoridad judicial basada en las circunstancias de cada caso.
“La prisión preventiva automática es una práctica que viola los derechos humanos de las personas al vulnerar su derecho a la libertad personal y al debido proceso. No debe ser una regla, sino una excepción”, señaló el diputado Ochoa Bazúa.
El diputado priista añadió que en lugar de ampliar esta figura legal el gobierno debería concentrarse en fortalecer las fiscalías para reunir pruebas y demostrar, de manera proporcional y justificada, la necesidad de mantener a una persona en prisión durante el proceso judicial.
Ochoa Bazúa, informó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 37 por ciento de las personas privadas de la libertad en México no tienen sentencia, lo que refleja que una gran parte de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva sin haber sido condenada.
La reforma al artículo 19 constitucional, según los legisladores, no solo incrementaría esta cifra, sino que podría derivar en abusos de poder, afectando especialmente a personas vulnerables, personas de escasos recursos, mujeres, personas de origen étnico o con algún tipo de discapacidad.
Por su parte, la diputada Iris Sánchez Chiu destacó que la reforma propuesta va en contra de los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos. “Esta medida no solo afecta la integridad de los individuos, sino que también pone en riesgo los principios del sistema de justicia penal acusatorio, como la presunción de inocencia, que es un pilar del estado de derecho”, enfatizó.
Sánchez Chiu hizo un llamado a las autoridades en México para detener la propuesta de reforma, recordando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos contenidos en tratados internacionales de los cuales México es parte. Además, recalcó que las reformas recientes, lejos de resolver el problema de la inseguridad, han aumentado de manera significativa la población penitenciaria, sin disminuir los niveles de violencia.
“Es fundamental que México respete sus compromisos internacionales. Si no estamos de acuerdo con las sentencias que determinan que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, entonces lo coherente sería que el Estado mexicano se retire de los tratados internacionales. Mientras tanto, debemos votar en contra de esta reforma”, concluyó Sánchez Chiu.
Los diputados priistas reafirmaron su compromiso con la justicia que respete los derechos fundamentales de todas las personas, sin recurrir a medidas que puedan resultar desproporcionadas o injustificadas.
